Devolver la tierra a los que la trabajan

LA HABANA, Cuba, noviembre, www.cubanet.org – Según se ha informado oficialmente, el próximo día 9 de diciembre entrara en vigor el Decreto Ley 300, que regula con nuevas posibilidades el arrendamiento en calidad de usufructo a particulares o personas naturales de tierras ociosas.

La nueva norma deroga el Decreto 259, que por casi cuatro años, reguló esta vía para paliar de alguna manera el desastre generalizado de ineficiencia, improductividad, descapitalización que sufre la agricultura cubana, motivadas por la deplorable gestión del monopolio estatal del sector agropecuario, dimanado de las leyes de reforma agraria de mayo de 1959 y de octubre de 1963.

El gobierno cubano, convertido en latifundista monopólico, con el control del 85 % de la superficie cultivable del país, desarrolló a lo largo de cinco décadas un sostenido proceso de destrucción del sector agropecuario, que nos hizo entrar al siglo XXI tal vez con la más baja tasa de seguridad alimentaria del mundo occidental, siendo importadores del 84% de los alimentos que consumimos, y padeciendo el colapso casi total de renglones tradicionales, como la industria azucarera –de siete millones de toneladas, a menos de dos-; el café –de sesenta y seis mil toneladas, a solo seis mil–; o el ganado bovino –de siete millones de cabezas en 1959, a no se sabe cuántas pocas hoy día (muchos cubanos avanzan de la adolescencia a la juventud sin haber visto nunca un bistec de res). A esto se agregan miles de hectáreas de tierras ociosas, muchas de ellas inundadas por el marabú y por la incapacidad del Estado para hacerlas producir.

Una larga saga de experimentos descabellados y fallidos, arbitraria depredación forestal, indiscriminada utilización de fertilizantes químicos y la infaltable arbitrariedad burocrática, han acelerado y profundizado la crisis de un sector otrora vanguardia de la economía nacional. Y sobre todo dispararon las penurias y traumas de la familia cubana, al punto que durante mucho tiempo recorrió la Isla un chiste amargo, que señalaba como los tres principales problemas de nuestra sociedad: el desayuno, el almuerzo y la cena.

En Cuba, los precios de los alimentos suben por día, y se cuenta cuántas veces una familia necesita gastar los ingresos de que dispone sólo para nutrirse medianamente.

En medio de esta hecatombe, siempre creciente, los campesinos individuales, conocidos como pequeños agricultores –con haciendas de hasta cinco caballerías, es decir 64 hectáreas–, han producido con calidad y eficiencia sostenida durante este medio siglo, a pesar de ser sometidos a todo género de presiones o restricciones. Los pequeños agricultores se han convertido casi en los únicos productores, a pesar de los incumplimientos del Estado, respecto a sus compromisos contractuales y comerciales que tanto obstaculizan su labor productiva.

Ante tan desolador panorama, en el año 2008 el gobierno cubano se vio obligado a arrendar las tierras ociosas a quien estuviera dispuesto a cultivarlas. Sin embargo, la concepción misma del proyecto y las múltiples restricciones y prohibiciones que incluía, han motivado el rampante incumplimiento del objetivo de aumentar la producción y bajar los precios de los productos agrícolas, inaccesibles para la mayoría.

Las posibilidades que brinda el nuevo Decreto ley significan un tácito reconocimiento del fracaso de la primera vuelta del arrendamiento. A partir de ahora, se amplía hasta cinco caballerías la cantidad de tierras a arrendar, se incluyen la actividad forestal y frutales, así como el cultivo de flores y plantas ornamentales, se permite la construcción de nuevas bienhechurías –casas y otras instalaciones necesarias a la producción– en el perímetro de la tierra arrendada, y se da la posibilidad de establecer relaciones con otras entidades, como cooperativas o granjas estatales, para recibir servicios imprescindibles a la producción.

Los gobernantes cubanos se niegan a entender que solo cuando entreguen la tierra en condición de propiedad a los ciudadanos dispuestos a producir, y cuando, además, eliminen las restricciones al libre comercio de los renglones cultivados, se comenzará a dar los pasos necesarios hacia la recuperación del agro cubano.

Si en realidad los únicos que han mantenido una producción sostenida y de calidad son los campesinos individuales, eso es lo que hay que incentivar, para impulsar la producción más allá de las cifras manipuladas y la abundancia que solo habita en la ficción de los noticieros televisivos.

Por el aumento sostenido de la producción agrícola, pasa la posibilidad de revertir la crisis permanente de nuestra maltrecha economía, restaurar el poder adquisitivo de la población, así como el valor del dinero y el trabajo. Pero las autoridades deben demostrar la valentía política y la sensibilidad que les permita realizar una nueva reforma agraria que cumpla el reclamo histórico de la nación cubana: devolver la tierra a los que la trabajan. Este reclamo, incumplido al nacer la república, en 1902, reiterado y frustrado en la Constitución de 1940 y con la revolución de 1959, vuelve a ser decisivo a la hora de definir el futuro de una nación que sufre y sueña con el renacimiento que le niega la indolencia criminal de un poder tan cobarde e irresponsable.

Martes, Noviembre 27, 2012 | Por Leonardo Calvo Cardenas